En el año 2009, a causa de una responsabilidad anterior que desempeñé en la ciudad de Nueva York, me fue asignada la tarea de seguir el proceso de nominación y aprobación de Sonia Sotomayor, para el honroso cargo de jueza de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos. Se trataba de una tarea algo tediosa, pues durante varios días y semanas, debía conocer detalles de su vida, de su desempeño como jueza en la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos en Nueva York, y llegado el momento, seguir de cerca las audiencias efectuadas en el Senado estadounidense para su eventual ratificación. A la postre, resultó una labor muy rica para comprender el funcionamiento del sistema político estadounidense, en lo que concierne a la integración del máximo tribunal del Poder Judicial.
Sotomayor había sido nominada por el presidente demócrata, Barack Obama, y debía ser ratificada por el Senado; la Casa Blanca esperaba también votos a favor de legisladores republicanos. En aquel momento, los principales diarios neoyorquinos aseguraban que uno de los principales retos de la nominada ante los legisladores federales, sería demostrar su imparcialidad ideológica, al igual que su rectitud en la aplicación de la ley, en la que ninguna consideración política, de género o de origen racial, tuviera cabida. Esta circunstancia era especialmente relevante para los analistas estadounidenses, así como para los políticos en Washington, pues Sotomayor sería la primera mujer latina en formar parte de la Suprema Corte, y por tanto, no se deseaba que ningún miembro del máximo tribunal del país tuviese ‘consideraciones especiales’ a favor de un grupo de la población (en este caso, los latinos), o bien, que al ser nominada por un mandatario demócrata, su criterio fuese completamente ‘liberal’ (en perjuicio del conservador, como es el de los republicanos). En resumen, el sistema político estadounidense se aboca a que quien ocupe esa altísima posición en el Poder Judicial de la nación, sea empático, lo más imparcial posible, y sea también un ejemplo en el cumplimiento estricto de la ley; y para garantizarlo, el proceso de ratificación del nominado se ventila durante meses en los medios, se analiza exhaustivamente la trayectoria personal y profesional del candidato, se hacen encuestas a la población y se opina continuamente.
Y recuerdo aquella experiencia, a propósito del escándalo reciente generado en nuestra entidad por don Leonel Sandoval, magistrado del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco, detonado a partir de audios en los que presuntamente se le escucha apoyando abiertamente al Partido Revolucionario Institucional en el próximo proceso electoral, y aparentemente, invitando a militantes de dicho partido a incumplir la ley. En los audios también solicita (suponemos) a directivos del gobierno de Jalisco que militan en su partido, que despidan (o hagan una “limpia”) a aquellos servidores públicos de filiación panista, de la nómina del sector público local.
No soy abogado, y tampoco un experto en el funcionamiento del poder judicial, sin embargo y tal vez como resultado de esta circunstancia personal, me surgen las dudas: ¿puede y debe, un miembro del más alto tribunal judicial de Jalisco, tener militancia partidista? Y si no fuese militancia legalmente comprobable, ¿puede y debe mostrarse en público (a puerta cerrada o abierta) manifestando abiertamente su simpatía para candidatos de un partido, y su animadversión a candidatos o militantes de otro? ¿cuál es el criterio y el proceso que sigue el Estado para nombrar a los magistrados del Supremo Tribunal? ¿es el correcto? Y en el caso de don Leonel, ¿hay en su trayectoria como magistrado, algún caso atendido en el pasado en el que su simpatía partidista influyó o tuvo algún impacto en el resultado de alguna decisión? ¿no debiéramos, también en México (y en Jalisco en particular), velar por la imparcialidad (en este caso política) de nuestros jueces y magistrados?
Lo que sí puedo responder, como internacionalista y ciudadano jalisciense, es que es claro que debe impulsarse una mayor transparencia en el proceso de nominación y aprobación de los magistrados; y que al igual que en el caso de doña Sonia Sotomayor, los medios debieran ventilar aquí, abierta y ampliamente, la trayectoria de los candidatos a ocupar dichos puestos, al igual que consultar al mayor número de expertos en la materia, que sepan de los casos atendidos por los nominados, para determinar el sentido de sus anteriores decisiones. Garantizar, pues, que aquellos mexicanos que ocupen esas honrosas posiciones, se apeguen no sólo al cumplimiento estricto de la ley, sino a principios de imparcialidad y equidad, lo que implica cero militancia o abierta simpatía partidista.
Queda pendiente abordar el asunto de los funcionarios que don Leonel solicita sean despedidos de la estructura burocrática.
Por: Andrés Barba @AndresBarbaV
Profesor de Relaciones Internacionales en la UNIVA
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